CHJ niega vertido de residuos en Riba-roja

La Confederación Hidrográfica del Júcar desmiente categóricamente las acusaciones de vertidos ilegales en el barranco del Poyo

Ante la creciente preocupación ciudadana y mediática sobre supuestos vertidos de residuos en Riba-roja de Túria, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha salido al paso asegurando que tales acusaciones son “completamente falsas”. Según ha defendido la institución, no existe ninguna actuación ni vertido que vulnere la normativa medioambiental en el barranco del Poyo, el área donde se había señalado esta supuesta incidencia ambiental.

Las acusaciones: preocupación por pérdida de biodiversidad e impacto ambiental

El municipio de Riba-roja de Túria ha sido escenario de denuncias vecinales y por parte de colectivos ecologistas, que advertían de presuntas actividades irregulares relacionadas con el vertido de residuos en una zona natural de gran valor ecológico. En concreto, las denuncias apuntaban al barranco del Poyo, una de las formaciones naturales por donde circulan aguas pluviales y que desemboca, en última instancia, en el río Túria.

Entre las preocupaciones expresadas por los denunciantes se encuentran:

• Presunta contaminación del suelo y aguas superficiales por residuos industriales.
• Impacto en la fauna y flora autóctona del entorno del barranco.
• Deterioro paisajístico en un enclave natural próximo al Parque Natural del Turia.

Estas afirmaciones generaron una rápida reacción en distintos sectores de la población, así como peticiones de explicaciones formales por parte del Ayuntamiento de Riba-roja.

La respuesta oficial de la CHJ: “No se está vertiendo ningún residuo”

Para disipar las dudas y rumores extendidos recientemente, la Confederación Hidrográfica del Júcar emitió un comunicado rotundo en el que aclara la situación. La entidad asegura que tanto las inspecciones periódicas realizadas como los controles medioambientales activados por sus técnicos demuestran que no existe ningún proceso de vertido ilegal en los cauces afectados.

El organismo también ha detallado que la zona sujeta a las críticas pertenece a un terreno en el que se realizan trabajos perfectamente autorizados y sometidos a seguimiento técnico y medioambiental. Entre los elementos clave del comunicado, destacan:

• “No hay ninguna evidencia de vertido de residuos industriales o urbanos en la zona señalada del barranco del Poyo.”
• “El material depositado es procedente de limpiezas y trabajos de mantenimiento de los cauces fluviales, debidamente autorizados.”
• “Las labores responden a requerimientos técnicos para la mejora del drenaje y prevención de inundaciones.”

El precedente de trabajos de adecuación fluvial

Según informan desde la CHJ, hace varias semanas comenzaron labores de adecuación hidráulica en varios puntos del barranco del Poyo. Estas tareas forman parte de un plan más amplio de mantenimiento de cauces fluviales en la demarcación territorial del Júcar, diseñados para:

• Evitar accidentes por desbordamiento en épocas de lluvias torrenciales.
• Reforzar la capacidad hidráulica del barranco mediante extracciones controladas de sedimento.
• Eliminar especies vegetales invasoras y recuperar espacio natural para especies autóctonas.

Todo este trabajo, según señala la entidad, está bajo supervisión ambiental y no ha generado residuos con potencial contaminante.

Apoyo de informes técnicos y ausencia de sanciones administrativas

En defensa de su actuación, la CHJ ha hecho públicos informes técnicos elaborados por sus ingenieros y expertos en medio ambiente, los cuales descartan cualquier tipo de práctica que pueda vulnerar la legislación vigente sobre protección de aguas o espacios naturales. La Confederación argumenta que en ningún momento se ha infringido la Ley de Aguas ni la normativa autonómica de protección del medio ambiente.

Es importante destacar que, hasta el momento:

• No existen investigaciones abiertas por parte de las autoridades competentes en materia ambiental.
• La CHJ no ha recibido comunicación formal de ninguna infracción detectada por otros organismos oficiales.
• Las inspecciones ordinarias se han realizado con normalidad por parte de los cuerpos técnicos territoriales.

Transparencia institucional como base de confianza ciudadana

El organismo ha remarcado que continúa apostando por la **transparencia** como vía fundamental para mitigar rumores y desinformación. En esa línea, ha ofrecido plena voluntad de colaboración con las autoridades locales y autonómicas, así como con colectivos vecinales que quieran acceder a la documentación técnica del proyecto.

Reacciones del Ayuntamiento de Riba-roja

El Ayuntamiento de Riba-roja ha pedido prudencia y ha reiterado la necesidad de dejar trabajar a las autoridades competentes antes de que cunda el alarmismo. Si bien mostró su disposición a investigar cualquier reclamación fundada, desde el consistorio han subrayado la importancia de ceñirse a la evidencia y al respaldo técnico.

Algunas fuentes municipales han añadido que se seguirán realizando controles exhaustivos en el área del barranco del Poyo para garantizar el cumplimiento de todas las normas medioambientales.

La necesidad de una comunicación clara en cuestiones ambientales

Lo sucedido en Riba-roja pone de manifiesto un problema creciente en la gestión administrativa de espacios naturales: la desinformación y la falta de comunicación entre administraciones, ciudadanos y colectivos sociales pueden alimentar malentendidos sobre actuaciones que, si bien están legalmente autorizadas, pueden parecer sospechosas si no se explican adecuadamente.

En este sentido, la CHJ ha reforzado su política de comunicación pública e impulsa actualmente mecanismos participativos que permitan a los vecinos formular dudas y obtener respuestas directas sobre proyectos que afecten su entorno inmediato.

Participación ciudadana y educación ambiental

Una de las claves para prevenir controversias similares en el futuro es aumentar el nivel de educación ambiental y promover la implicación activa del vecindario en los procesos de toma de decisiones. Algunas iniciativas que se están teniendo en cuenta son:

• Mesas participativas de planificación hidrológica en comarcas con zonas naturales sensibles.
• Charlas informativas y publicaciones digitales sobre actuaciones previstas en ríos y barrancos.
• Involucrar a asociaciones locales en tareas de seguimiento y cuidado de los ecosistemas fluviales.

Preservar nuestros cauces naturales: una responsabilidad compartida

El caso del barranco del Poyo en Riba-roja recuerda que la preservación de los recursos hídricos y espacios naturales requiere diálogo fluido entre administraciones, técnicos y comunidades locales. La confianza institucional se construye desde la claridad, y siempre debe basarse en pruebas verificables antes de generar alarmas.

Desde la CHJ han asegurado que continuarán trabajando por un modelo de gestión hídrica sostenible, que integre los intereses ecológicos con los de prevención de riesgos naturales. En esa línea, seguirán abiertas las líneas de información para todo aquel que desee consultar el estado de los cauces o presentar sugerencias o quejas formales.

Conclusión: No hay evidencias de vertido ilegal en el barranco del Poyo

Después del revuelo suscitado, la Confederación Hidrográfica del Júcar insiste en que los trabajos realizados en el barranco del Poyo están dentro del marco legal y no incluyen ningún tipo de vertido contaminante o actividad ilícita. Las denuncias han sido desmentidas apoyándose en informes técnicos y controles regulares.

Los vecinos, por su parte, exigen continuar con una vigilancia activa y mayor claridad sobre cada proyecto que implique transformación del hábitat rural o fluvial. La colaboración entre instituciones, ciudadanos y expertos será vital para garantizar un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y asegurar la protección de nuestro patrimonio natural