Requena posee una sólida y numerosa comunidad romaní asentada desde hace cientos de años. El Archivo también posee documentación que hace referencia a la historia de esta centenaria comunidad requenense. En las cercanías del día del pueblo gitano andaluz que se celebra el 22 de noviembre en conmemoración de la llegada de los primeros romaníes a Andalucía un 22 de noviembre de 1462, hablaremos de algunos de estos documentos.
Las primeras noticias documentales sobre el paso de gitanos por Requena son de 1586 cuando acudían al Corpus para honrar el Santísimo Sacramento con diferentes actividades lúdicas que eran remuneradas por el concejo requenense. Seguramente, el origen del asentamiento más definitivo de familias gitanas en Requena parta de la real provisión de 7 de febrero de 1746 cuando se la designó junto a la población de Infantes como las ciudades manchegas que debían acoger a gitanos a razón de una familia cada cien vecinos sin que hubiera más de dos familias en una misma calle y con la orden de que no se empadronase con el nombre de “gitanos” con la intención de su definitiva asimilación.
A pesar de la tardía entrada de los romaníes en la Península Ibérica en el siglo XV, ya en el siglo XVI comenzó toda una actividad legislativa represora que buscaba su asimilación, persecución o incluso exterminio. Especialmente se buscaba su sedentarización, abandono de costumbres y vestimentas, extinción de la lengua caló y, en definitiva, su indefinición como cultura. En 1539 ya se les conminó a sedentarizarse o bien ser condenados a seis años de galeras.
En el siglo XVIII, la legislación borbónica incrementó el número de provisiones dirigidas a la gente errante y la comunidad gitana con los mismos objetivos anteriores. Un hecho fundamental en la historia del pueblo romaní español fue la vergonzante “Prisión general de gitanos”, también llamada “Gran Redada”, que fue una persecución autorizada por el Fernando VI y organizada en secreto por el Marqués de la Ensenada, que se inició de manera sincronizada en todo el territorio español el 30 de julio de 1749 con el objetivo de arrestar a todos los gitanos errantes del reino y su destino a cárceles, trabajos forzados, casas de misericordia y fábricas con separación de familias incluida. Se calcula en 7.760 los gitanos y gente errabunda capturada. Enseguida, los consejeros de Fernando VI se apercibieron de las injusticias cometidas, ya que se apresaron a muchos gitanos que estaban asentados en sus localidades, viviendo conforme a las leyes y que trabajaban en sus oficios. En ocasiones eran los propios vecinos quienes defendían su honestidad.
El documento del mes es una instrucción manuscrita de 28 de octubre de 1749 en la que se pretende atenuar las injusticias cometidas contra la comunidad romaní. En su introducción ya se hace referencia a que una mala aplicación de una provisión de 1745 había llevado al apresamiento y embargo de bienes de gitanos que habían vivido conforme a las leyes, que tenían contraídos legítimos matrimonios, “que educaban sus hijos con honesto porte y buenas costumbres” y que se mantenían de su trabajo en labores del campo y oficios mecánicos y, por consiguiente, los bienes que poseían habían sido adquiridos legalmente.
La instrucción manda la liberación de estas familias gitanas, la vuelta a sus lugares de residencia con los permisos y diligencias necesarias, incluso facilitando los mantenimientos, y la restitución de sus bienes. Sin embargo, seguía condenando, incluso a la muerte, a los que prosiguieran con el nomadismo, a excepción de cuando se acudiera a ferias. El documento prohíbe llamar con la voz “gitanos” a los restituidos a sus lugares de origen, ni que vistan con su peculiar indumentaria en un nuevo intento, frustrado, de asimilac
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