El asesinato de Álex, un menor de 13 años, en la localidad valenciana de Sueca, ha puesto en marcha una compleja investigación judicial que va más allá del acto criminal en sí. Juan Francisco, de 48 años, autor confeso del homicidio, ha insistido ante el juez en que actuó tras sufrir un “ataque de locura”, una pérdida de control que atribuye directamente al conflicto judicial mantenido durante años con su exmujer.
Mientras el acusado permanece en prisión provisional, los investigadores analizan no solo cómo se produjo el crimen, sino qué elementos estructurales y personales confluyeron hasta desembocar en una violencia extrema ejercida contra un menor completamente ajeno al conflicto.
Un crimen sin discusión previa y con violencia letal
Los hechos ocurrieron en el domicilio del acusado, cuando Álex acudió a casa de un amigo —el hijo de Juan Francisco— para instalar un programa informático y jugar a la videoconsola. Según la investigación, no existió discusión ni altercado previo.
La autopsia ha sido determinante: el menor murió tras recibir múltiples cuchilladas, infligidas con fuerza suficiente para causar la muerte de manera inmediata. Presentaba además heridas defensivas en las manos, lo que indica que intentó protegerse durante el ataque. El escenario apunta a una agresión repentina y desproporcionada.
La frase clave y la atribución de responsabilidades
Uno de los elementos que más peso ha adquirido en la instrucción es la actitud posterior del acusado. Tras el crimen, Juan Francisco se dirigió a su propio hijo con una frase que ha quedado recogida en el sumario:
“Ves lo que ha conseguido tu madre”.
Esa afirmación no fue aislada. Durante su declaración judicial, el acusado insistió reiteradamente en responsabilizar a su exmujer del estado mental que, según él, le llevó a cometer el asesinato. Este señalamiento directo ha llevado a los investigadores a valorar un posible componente de violencia machista indirecta, en la que el daño se ejerce como forma de castigo simbólico.
El conflicto judicial como contexto permanente
Juan Francisco describió ante el juez una “guerra judicial” prolongada tras su separación, centrada en la custodia de sus dos hijos y en diversos informes de servicios sociales que consideraba injustos. Pese a que días antes del crimen se había celebrado una vista para adoptar medidas urgentes de protección —en la que la madre renunció a la custodia—, el acusado no interpretó ese hecho como una resolución del conflicto.
Para la investigación, este punto es clave: la percepción subjetiva de agravio, mantenida en el tiempo, podría haber actuado como factor de acumulación de tensión psicológica sin mecanismos eficaces de contención.
Sin atenuantes claros ni colaboración plena
A diferencia de otros casos similares, el acusado no ha intentado construir una defensa basada en atenuantes clásicos. No culpó a su hijo, pese a ser inimputable, ni alegó consumo de alcohol o drogas como desencadenante directo. Tampoco accedió a la extracción de muestras de sangre o ADN para análisis toxicológicos.
Su versión se sostiene exclusivamente en la existencia de un episodio de “locura”, aunque sí reconoció estar en tratamiento psicológico por depresión, un dato que ahora deberá ser evaluado por los peritos forenses.
Antecedentes y señales previas
Las autoridades han confirmado que Juan Francisco figuró en el sistema VioGén en años anteriores, aunque el caso estaba desactivado en el momento del crimen. No consta diagnóstico de enfermedad mental grave, aunque sí antecedentes familiares de posibles trastornos del espectro autista.
Estos datos han reabierto el debate sobre la capacidad real de los sistemas de seguimiento para detectar situaciones de riesgo, especialmente cuando los conflictos judiciales, emocionales y familiares se prolongan en el tiempo sin una intervención integral.
Un caso que trasciende lo penal
El asesinato de Álex no solo es un caso de homicidio con autor confeso. Es también un ejemplo extremo de cómo los conflictos adultos no resueltos pueden derivar en violencia imprevisible, afectando a terceros vulnerables.
La instrucción judicial deberá determinar si existió una intención directa o un colapso psicológico real, pero el caso ya ha dejado al descubierto zonas grises en la protección de menores, en la gestión de conflictos familiares judicializados y en la detección temprana de conductas potencialmente peligrosas.
Mientras tanto, Sueca continúa conmocionada por la muerte de un niño cuya única intención aquella tarde fue pasar tiempo con un amigo. Y la investigación avanza con una prioridad clara: entender cómo se llegó hasta aquí para evitar que vuelva a ocurrir.
