vlcseoSupremo rechaza recurso de València sobre pisos turísticos
El Tribunal Supremo inadmite el recurso del Ayuntamiento contra el plan de restricción de apartamentos turísticos
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de València en relación a la normativa municipal que buscaba limitar la proliferación de viviendas de uso turístico en el centro de la ciudad. Esta decisión judicial representa un nuevo obstáculo para las políticas locales destinadas a mitigar los efectos de la turistificación y a preservar el equilibrio residencial en los barrios con mayor presión turística.
Un intento de poner freno a la saturación turística
El Ayuntamiento de València aprobó en 2018 una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de restringir el uso turístico de viviendas en el distrito de Ciutat Vella. Esta medida pretendía frenar el deterioro del tejido vecinal y contener los efectos del alquiler turístico descontrolado, especialmente en barrios como el Carmen, La Seu o El Mercat.
La normativa establecía que los apartamentos turísticos solo podrían ubicarse en edificios de uso exclusivo y contar con acceso independiente desde la vía pública. Además, se prohibía que se situaran en plantas por encima o debajo de viviendas residenciales. Con esta estrategia, el consistorio pretendía proteger los derechos vecinales y preservar la habitabilidad en el centro histórico.
Una victoria para la patronal de los apartamentos turísticos
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló esta modificación en 2022, dando la razón a la patronal Aptur CV —la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana—, que consideró que la norma impuesta generaba una discriminación injustificada y lesionaba derechos económicos y de competencia.
El fallo del TSJCV recogía que la modificación urbanística no estaba suficientemente justificada ni se basaba en informes objetivos. Además, señalaba que el Ayuntamiento no había demostrado de forma clara que existía una afectación real al uso residencial que justificara tales restricciones.
El Supremo cierra la puerta a nuevas apelaciones
El asunto fue entonces elevado ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento, que mantenía que la regulación era clave para defender un modelo de ciudad sostenible y habitable. No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido ahora inadmitir el recurso de casación, configurando una sentencia firme e inapelable.
Según el Supremo, el recurso no aportaba fundamentos suficientes que permitiesen revisar la sentencia del TSJCV, ni elementos de interés casacional. Esto significa que el Ayuntamiento de València no podrá volver a regular los pisos turísticos bajo los mismos criterios que planteó en 2018.
Reacciones tras la decisión judicial
Desde Aptur CV, la patronal del sector, han celebrado la resolución del Supremo como una “victoria del sentido común y de la seguridad jurídica”. La entidad ha señalado que la medida del ayuntamiento atentaba contra la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de la actividad económica.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha expresado su pesar por la resolución judicial, aunque ha confirmado que el consistorio no renunciará a regular las viviendas turísticas: “Valoramos nuevas vías legales, más sólidas y transparentes, para garantizar el derecho a la ciudad y preservar la convivencia barrial”.
Impacto urbano y social del alquiler turístico en València
La expansión de las viviendas turísticas ha generado tensiones en muchas ciudades europeas. En València, barrios como Russafa o el mismo centro histórico han visto cómo vecinos de toda la vida eran desplazados por la llegada masiva de turistas, lo cual afecta directamente a:
- El precio del alquiler: La competencia con la oferta vacacional empuja los precios al alza.
- La gentrificación: Se sustituye a la población residente por turistas temporales.
- La pérdida del comercio tradicional: Tiendas y servicios locales dan paso a negocios orientados al turismo.
- El deterioro de la convivencia: El tránsito constante de visitantes genera molestias a los residentes.
Ante este fenómeno, muchas administraciones locales han intentado implantar normativas para controlar el crecimiento de los pisos turísticos, pero a menudo se enfrentan con limitaciones legales, competencias compartidas o recursos judiciales.
La necesidad de una legislación estatal más clara
Expertos en Derecho Urbanístico coinciden en que la falta de una normativa estatal uniforme complica la tarea de los ayuntamientos. Mientras que algunas autonomías han aprobado leyes específicas, como en Baleares o Cataluña, otras regiones aún carecen de marcos regulatorios robustos.
En este contexto, los ayuntamientos tratan de aplicar modificaciones urbanísticas o imponer medidas a través de ordenanzas municipales, aunque estas muchas veces terminan siendo anuladas por los tribunales por falta de cobertura jurídica.
El modelo turístico: una encrucijada para las ciudades
El fallo del Tribunal Supremo vuelve a poner sobre la mesa un viejo dilema: ¿cómo conciliar la atracción turística con la vida vecinal? Ciudades como València han comenzado a cuestionar un modelo de desarrollo basado en el crecimiento ilimitado del turismo, que aunque dinamiza la economía, también tiene efectos colaterales importantes.
Desde el consistorio se señala la necesidad de un nuevo modelo de ciudad sostenible, que no dependa exclusivamente del turismo y que priorice:
- La residencia habitual en los barrios frente al uso lucrativo ocasional.
- El acceso universal a la vivienda asequible.
- La preservación del patrimonio histórico y cultural sin perder la identidad local.
- La cohesión social y la protección del comercio de proximidad.
No obstante, sin una legislación clara y respaldo judicial, los municipios tienen poco margen de acción, más aún si el mercado inmobiliario encuentra respaldo en asociaciones empresariales bien organizadas.
Alternativas en estudio: hacia un nuevo marco regulador
Ahora que la vía judicial ha quedado cerrada, el Ayuntamiento de València explora otras formas de afrontar el problema. Algunas de las alternativas que se encuentran en estudio incluyen:
- Aplicar nuevas figuras urbanísticas que permitan delimitar zonas de contención turística.
- Desarrollar una ordenanza específica para viviendas turísticas con requisitos de sostenibilidad y convivencia.
- Colaborar con el Gobierno autonómico para elaborar una ley regional más clara sobre usos urbanísticos turísticos.
- Ampliar los mecanismos de inspección y sanción para controlar la oferta ilegal de alojamientos sin licencia.
El papel de la ciudadanía y las plataformas digitales
Mientras tanto, muchos colectivos vecinales reclaman tener voz en el diseño del nuevo marco legal. Consideran esencial que se refuerce el empadronamiento y el control de actividad económica, así como la exigencia de transparencia a plataformas como Airbnb o Booking.
Asimismo, piden que los ingresos obtenidos por estas actividades contribuyan equitativamente al sostenimiento de servicios urbanos, mediante tasas o licencias específicas que graven esta actividad económica.
Conclusión: la batalla por el modelo de ciudad continúa
La decisión del Tribunal Supremo supone un serio revés para las aspiraciones del Ayuntamiento de València de poner freno a la expansión incontrolada de apartamentos turísticos. No obstante, también abre un espacio de reflexión sobre cómo deben actuar los gobiernos municipales ante fenómenos que superan su ámbito competencial.
Con el rechazo del recurso, el consistorio deberá rediseñar su estrategia, buscar consensos políticos y sociales, y sobre todo, contar con el respaldo jurídico necesario para que las medidas que se apliquen puedan sostenerse en el tiempo. El objetivo sigue siendo claro: lograr un equilibrio entre turismo y sostenibilidad urbana que garantice la calidad de vida de los vecinos sin renunciar a la vitalidad económica que ofrece el sector turístico.
El reto está sobre la mesa y marcará el rumbo de las
