Jueza evalúa unificar más de 40 acusaciones por la DANA

Una macrocausa por la DANA: más de 40 acusaciones podrían consolidarse en un único procedimiento

La investigación judicial relacionada con los daños provocados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en septiembre de 2019 avanza hacia una nueva y decisiva fase. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela se encuentra valorando una propuesta clave que podría transformar el rumbo del proceso: la unificación de más de 40 procedimientos penales abiertos en distintas instancias en un solo caso centralizado.

La magnitud de la catástrofe natural que arrasó miles de viviendas, infraestructuras públicas y cultivos en la Vega Baja y otras localidades de la Comunidad Valenciana ha terminado generando una avalancha legal de denuncias y reclamaciones dirigidas a distintas administraciones públicas y organismos de gestión del agua.

El origen de las causas: los estragos dejados por la DANA de septiembre de 2019

La DANA de 2019 fue una de las situaciones meteorológicas más devastadoras de las últimas décadas en la Comunitat Valenciana. Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones históricas, causando enormes pérdidas económicas, afectando a miles de familias y generando una sensación de abandono institucional que derivó en el inicio de múltiples acciones legales.

Entre los principales puntos afectados se encuentran:

• Orihuela y gran parte de la Vega Baja del Segura.
• Callosa de Segura, Almoradí y Dolores.
• Zonas agrícolas y urbanas con daños irreparables en viviendas y cultivos.

Lo que comenzó como un desastre natural terminó convirtiéndose en una creciente investigación judicial, en busca de responsabilidades institucionales, técnicas y políticas.

El papel del abogado Pradas: iniciativa para la unificación de las causas

El letrado Enrique Pradas ha sido uno de los impulsores de esta propuesta de unificación judicial. Sostiene que la dispersión de casos en distintos juzgados provinciales y locales obstaculiza la eficiencia del proceso y retrasa la resolución para las más de 200 personas afectadas que representan sus acciones.

Pradas justifica su planteamiento en la necesidad de:

• Evitar duplicidades en las investigaciones.
• Agilizar la instrucción de las causas.
• Garantizar una investigación coherente y estructurada bajo un único criterio judicial.

El abogado ha solicitado formalmente que se asuma la competencia en el Juzgado de Orihuela para llevar el desarrollo conjunto de los expedientes, dada la concentración de afectados y la gravedad de los hechos en esta demarcación judicial.

Propuesta de unificación: argumentos legales y jurisprudenciales

La jueza, al analizar la solicitud del abogado de la acusación, estudia ahora la viabilidad de agrupar más de 40 procedimientos abiertos que, aunque con matices distintos, confluyen en una misma causa natural: la gestión de la DANA y la presunta negligencia por parte de las entidades gestoras públicas.

Requisitos legales de acumulación procesal

Para poder acceder a esta iniciativa, el Tribunal deberá evaluar si concurren los requisitos legales que permitan la acumulación procesal. Entre ellos se encuentran:

• Conexidad objetiva entre los hechos investigados.
• Imputación a los mismos responsables o instituciones.
• Finalidad de evitar sentencias contradictorias o multiplicidad de actuaciones sobre los mismos hechos.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara este tipo de sistemas en causas complejas con múltiples implicados, como ya fue el caso de otras macrocausas en el país (Ej. caso Gürtel, caso Malaya). La acumulación genera un procedimiento único que permite optimizar recursos judiciales y ofrece una mayor transparencia a las víctimas.

Entidades señaladas: posibles responsables en la gestión de la catástrofe

En el proceso judicial no solo se busca determinar qué ocurrió, sino también si existió alguna clase de omisiones, errores o negligencias por parte de organismos públicos cuya responsabilidad era mitigar los efectos de un fenómeno anunciado por todos los servicios meteorológicos.

Entre las entidades que podrían estar involucradas figuran:

• Confederación Hidrográfica del Segura (CHS): encargada de la gestión de cauces y embalses.
• Generalitat Valenciana: a través de sus servicios de emergencias y organización territorial.
• Diputaciones y Ayuntamientos afectados: responsables de planes de emergencia locales y mantenimiento de infraestructuras.

Las acusaciones analizan si hubo una falta de coordinación institucional, ausencia de respuestas eficaces o si, incluso, ciertos fallos estructurales en infraestructuras hidráulicas agravaron los daños causados por la riada.

Impacto en las víctimas: más de 1.000 afectados buscan respuestas

Detrás de cada expediente judicial se encuentra la historia de miles de afectados que continúan esperando una reparación económica y moral. Viviendas sumergidas, negocios destruidos, cosechas perdidas y daños emocionales configuran un cuadro de sufrimiento colectivo aún sin resolver.

Testimonios que definen la tragedia

Los relatos de los damnificados destacan:

• La rapidez con que se produjo la inundación y la falta de aviso previo.
• La ausencia de medios de evacuación o ayuda inmediata.
• Las dificultades para tramitar indemnizaciones y la lentitud en la reconstrucción.

Según datos de la asociación de afectados, el 70 % no ha sido aún indemnizado o ha recibido respuestas insuficientes por parte de los organismos públicos o del seguro del Consorcio de Compensación de Seguros.

Reacción institucional: silencio, prudencia o colaboración

Hasta el momento, la mayoría de organismos señalados han optado por guardar silencio sobre el proceso judicial, aunque algunos han manifestado su voluntad de colaborar con la justicia. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Orihuela y otras alcaldías afectadas se reclama agilidad y justicia para los vecinos damnificados.

Declaraciones del alcalde de Orihuela

En recientes declaraciones, el alcalde de Orihuela señaló que “es necesario esclarecer todos los hechos para que no tengamos que sufrir más desgracias por causas evitables”. Desde la administración local, se ha emprendido paralelamente una auditoría sobre las infraestructuras hidráulicas del municipio.

El futuro de la investigación: ¿una sola voz judicial?

La decisión aún no está tomada, pero se vislumbra una resolución en las próximas semanas. Si la jueza acepta la proposición de Pradas, significará que todas las actuaciones pasarán a depender de un solo juzgado, facilitando la posible apertura de diligencias contra los que puedan haber actuado con negligencia.

Este enfoque centralizado permitiría:

• Una visión completa de los hechos.
• Unidad de criterio al valorar pruebas y testimonios.
• Mejor protección jurídica para las víctimas.
• Aceleración del proceso judicial y de posibles indemnizaciones.

Conclusión: Un paso esperanzador hacia la verdad y la justicia

El caso de la DANA de septiembre de 2019 sigue escribiendo capítulos decisivos. A cuatro años de la tragedia, la justicia española busca ofrecer respuestas firmes, transparentes y resolutivas. La posible unificación de más de 40 acusaciones no solo representa una mayor eficacia judicial, sino también una reivindicación de los derechos de quienes perdieron todo y aún esperan justicia.

La resolución de esta macrocausa podría, además, sentar precedentes importantes en cuanto a cómo se abordan legalmente las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes a causa del cambio climático.

Si se concreta la consolidación de las causas, comenzará una de las mayores investigaciones judiciales vinculadas a una catástrofe natural ocurrida en el litoral valenciano, marcando un antes y después en la relación entre medioambiente, administración pública y justicia.