vlcseoGeneralitat recurrirá registro único de pisos turísticos estatales
Desavenencias entre el Gobierno central y la Comunitat Valenciana por la gestión turística
La Generalitat Valenciana ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo decreto estatal que impulsa la creación de un registro único de viviendas turísticas en toda España. Considera que esta medida del Ejecutivo central del PSOE supone una invasión directa de competencias autonómicas en materia de turismo y ordenación del territorio.
El proyecto, impulsado por los ministerios de Vivienda y Turismo, forma parte de un paquete regulador con el que el Gobierno pretende unificar los criterios sobre los alojamientos turísticos, especialmente los que operan bajo plataformas online como Airbnb o Booking. Sin embargo, la Generalitat defiende que cada autonomía tiene derecho a regular el modelo de turismo de acuerdo a sus particularidades y necesidades locales.
Un registro centralizado que despierta críticas en comunidades autónomas
La reciente aprobación del Real Decreto 229/2024 —vigente desde el pasado mes de mayo— establece la creación de un registro estatal obligatorio que recogerá los datos de todas las viviendas de uso turístico que operan legalmente en el país. Las comunidades autónomas estarán obligadas a nutrir este sistema con información de los registros autonómicos ya existentes.
El Gobierno defiende la medida como una herramienta para:
- Mejorar la coordinación entre administraciones ante el crecimiento del turismo digital.
- Promover la lucha contra el alquiler turístico ilegal.
- Homogeneizar la información disponible entre comunidades autónomas.
Sin embargo, para el Consell, esta centralización vulnera el modelo autonómico y puede afectar negativamente a las políticas de control turístico que ya se aplican en la Comunitat Valenciana. Desde la administración autonómica se subraya que el turismo es una competencia estatutariamente atribuida a las comunidades y que el control sobre el registro debe permanecer en manos del Gobierno regional.
La postura de la Generalitat Valenciana
La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, liderada por Nuria Montes, sostiene que el decreto “instrumenta de forma ilegítima una estructura administrativa estatal sobre políticas que son autonómicas”. Según Montes, el nuevo sistema no solo invade competencias, sino que también genera duplicidad de registros y puede provocar inseguridad jurídica para los propietarios de viviendas turísticas.
En palabras textuales, Montes argumenta que:
“Cada comunidad autónoma tiene un modelo turístico propio que debe ser respetado. Este decreto ignora nuestras particularidades y centraliza una información que ya gestionamos de forma eficaz desde hace años.”
La Generalitat ya cuenta con un registro autonómico exhaustivo de viviendas turísticas, que exige el cumplimiento de normativas específicas, condiciones técnicas y el alta previa en Hacienda como requisito indispensable para operar legalmente.
Los puntos clave del recurso planteado por la Generalitat
El recurso de inconstitucionalidad se basa en varios puntos fundamentales:
- Invasión competencial: el decreto afecta a la autonomía legislativa de la Comunitat Valenciana en materia de turismo.
- Duplicidad: establece una doble obligación registral, nacional y autonómica.
- Riesgo de sanciones innecesarias: los propietarios podrían verse expuestos a sanciones si hubiera discrepancias entre ambos registros.
- Falta de consulta: se aprueba sin un proceso de diálogo real con las comunidades autónomas.
Reacción de otras comunidades y sectores afectados
La Comunitat Valenciana no es la única región que ha mostrado su malestar ante el nuevo decreto. Comunidades como Cataluña, Islas Baleares o País Vasco, que también cuentan con sectores turísticos muy desarrollados, han expresado reservas similares respecto a la centralización de la información y a la pérdida de control sobre sus modelos turísticos.
El sector turístico privado también observa con atención la normativa. Las asociaciones de alquiler turístico están divididas: algunas ven con buenos ojos una mayor fiscalización del mercado para atajar la competencia desleal, mientras que otras temen un aumento de la burocracia y los controles fiscales.
Opiniones desde el sector turístico valenciano
Empresarios del turismo en la Comunidad Valenciana han mostrado su apoyo mayoritariamente a la postura del Consell. Apuntan que un modelo turístico descentralizado permite mayor flexibilidad y adaptación a los cambios de temporada, a la diversidad de oferta y a la sostenibilidad del destino.
Desde la Confederación de Empresarios del Turismo de la Comunidad Valenciana se insiste en que:
“No se puede aplicar un modelo uniforme en toda España porque las necesidades, el volumen y el tipo de turismo varían ampliamente de una comunidad a otra.”
El trasfondo del conflicto: auge del alquiler turístico y tensión por la vivienda
En el fondo, tanto el decreto como la respuesta de la Generalitat se enmarcan en un debate mayor sobre el impacto del alquiler turístico en las ciudades y los destinos tradicionales. El auge de plataformas digitales ha disparado la oferta de pisos turísticos, con consecuencias sobre el precio de la vivienda, la composición vecinal y la saturación de servicios públicos en ciertas zonas.
El Gobierno central quiere, mediante este registro estatal, obtener datos homogéneos y fiables que permitan analizar el fenómeno de forma global y tomar decisiones coordinadas. Sin embargo, las comunidades como la Valenciana insisten en que ya disponen de herramientas suficientes y que los conflictos locales deben abordarse también localmente.
Asimismo, tanto administraciones como asociaciones de vecinos han pedido en distintas ocasiones mayores controles y regulación sobre el alquiler turístico ilegal, el ruido nocturno, el comportamiento incívico de algunos visitantes y los problemas de convivencia vecinal.
¿Qué implicaría el registro único para los propietarios de pisos turísticos?
En esencia, los propietarios de viviendas turísticas deberán estar inscritos en el nuevo registro estatal antes de publicitar sus pisos en plataformas u ofrecerlos al público. La información del registro incluirá datos como:
- Identidad del empresario o titular del inmueble.
- Dirección y ubicación exacta.
- Número de plazas autorizadas.
- Fecha de autorización o inscripción autonómica.
Además, cada anuncio de alquiler —por ejemplo en portales como Airbnb o Booking— deberá incluir el número de registro estatal, lo que facilitará su trazabilidad por las autoridades fiscales y turísticas.
El incumplimiento de estas obligaciones podría conllevar sanciones económicas y la retirada de los anuncios por parte de las plataformas digitales.
La batalla legal: próximos pasos previstos por la Generalitat
El Consell ya ha activado a su equipo jurídico para redactar el recurso, que será presentado ante el Tribunal Constitucional en las próximas semanas. Según fuentes oficiales, el recurso va acompañado de una petición de suspensión cautelar de la aplicación del decreto mientras se resuelve el fondo del asunto.
Asimismo, desde la Generalitat no se descarta recurrir también ante la Comisión Europea si consideran que el decreto vulnera directivas europeas sobre libre competencia, subsidiariedad y autoridad administrativa competente.
Se abre así un nuevo frente en la ya de por sí compleja relación entre el Gobierno central y las autonomías en materia de regulación turística, que se suma a otras controversias recientes como la limitatión de cruceros en puertos saturados o las tasas turísticas.
Conclusión: descentralización turística frente a uniformidad estatal
El conflicto en torno al registro único de pisos turísticos se ha convertido en un símbolo de un debate estructural sobre el modelo de gobernanza turística en España. Entre la intención del Gobierno de armonizar datos para mejorar la fiscalización y el control, y la legítima pretensión de las comunidades autónomas de autogestionar sus políticas turísticas, parece que queda todavía un largo recorrido en los tribunales y en las mesas de negociación institucional.
Para la Com
