VALENCIA, 10 de octubre. – El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ratificado la validez del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia y ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Ciudadana per L’Horta, que cuestionaba la resolución de la Conselleria de Vivienda de 2018 por la que se aprobó definitivamente el proyecto.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la actuación de la Administración autonómica fue ajustada a derecho, tras analizar los ocho motivos de impugnación formulados por los demandantes. Entre ellos, se alegaban irregularidades en la elección del emplazamiento, la falta de estudios de viabilidad económica o supuestas deficiencias en la integración paisajística del plan.
Un fallo en línea con el Tribunal Supremo
Esta resolución del TSJCV da cumplimiento a una sentencia previa del Tribunal Supremo, emitida el 30 de octubre de 2024, que ordenó revisar parcialmente un fallo anterior del tribunal valenciano. En aquel momento, el Supremo estimó los recursos de la Generalitat Valenciana y de Valencia Plataforma Intermodal y Logística S.A., y devolvió el caso al TSJCV para que valorara los aspectos que no habían sido examinados en la sentencia de 2022.
El tribunal valenciano ha rechazado ahora todos los argumentos restantes del colectivo recurrente, señalando que el emplazamiento en el barrio de La Punta fue elegido conforme a los criterios urbanísticos y logísticos establecidos por la Administración. Además, los magistrados descartan que existiera una vulneración del trámite de consulta previa o infracción de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) por la ausencia de un estudio adicional de paisaje.
La ZAL, un proyecto estratégico y polémico
La Zona de Actividades Logísticas es un desarrollo vinculado al Puerto de Valencia que busca consolidar su papel como nodo clave del comercio internacional y generar espacio para empresas logísticas y de transporte. Sin embargo, el proyecto ha sido objeto de controversia social y judicial desde sus inicios, especialmente por su impacto en la huerta del barrio de La Punta, cuyos vecinos fueron desalojados hace más de dos décadas para permitir la urbanización.
Con esta nueva sentencia, el TSJCV da un paso más hacia la consolidación jurídica del plan, aunque el fallo no es firme y aún puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. La Asociación per L’Horta ya ha anunciado en anteriores ocasiones su intención de seguir defendiendo la recuperación de los terrenos como espacio agrícola y de memoria colectiva.