vlcseoFiscal respalda a jueza y señala a Generalitat culpable
El Ministerio Público avala la instrucción judicial por la tragedia en la residencia DomusVi de Alcoy
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante ha respaldado rotundamente la investigación dirigida por la jueza de Instrucción número 2 de Alcoy, destacando que existen suficientes indicios para considerar a la Generalitat Valenciana como posible responsable penal de la tragedia ocurrida en la residencia DomusVi durante la pandemia del COVID-19, donde fallecieron al menos 74 residentes.
El informe fiscal constituye un fuerte espaldarazo al trabajo judicial, al afirmar que la Administración autonómica podría haber incurrido en un delito de homicidio por imprudencia grave, al haber delegado en la empresa privada una responsabilidad directa en la gestión de un servicio esencial como es el cuidado de personas mayores con elevado nivel de dependencia y riesgo.
Una catástrofe evitable en DomusVi Alcoy
Fallos de supervisión en plena emergencia sanitaria
El caso que se investiga tiene su origen en los hechos ocurridos en marzo y abril de 2020, cuando la residencia geriátrica DomusVi de Alcoy registró uno de los brotes de COVID-19 más mortales de toda la Comunidad Valenciana. La falta de personal sanitario, la escasa dotación de equipos de protección individual (EPIs) y la ausencia de supervisión por parte de la administración pública agravaron la situación.
Según el informe de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Actualidad Valencia, existieron graves déficits en la actuación tanto de la dirección del centro como de quienes debían garantizar el control y la vigilancia de estos espacios: la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por entonces bajo la dirección de la vicepresidenta Mónica Oltra.
Los datos que alarmaron a la justicia
Desde el inicio de la pandemia hasta mayo de 2020, se registraron:
- 74 fallecimientos en la residencia DomusVi Alcoy
- Una tasa de contagios cercana al 90% entre los residentes
- Un índice de absentismo del 75% entre el personal por contagios o bajas laborales
- Inexistencia de protocolos efectivos para aislamiento y tratamiento
El resultado de estas acciones—o la ausencia de ellas—condujo a una situación de colapso en la residencia, que no pudo ser contenida a tiempo por la administración pública.
La Generalitat y su gestión negligente durante la pandemia
Una dejación de funciones “flagrante”, según la Fiscalía
El reciente informe del Ministerio Fiscal critica duramente la actitud de la Generalitat, y en particular, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, destacando que:
- No realizaron inspecciones in situ pese a las alertas sanitarias
- Ignoraron los reportes elevados por la dirección del centro
- Evitaron asumir liderazgo médico-sanitario aun cuando la situación así lo requería
Para la Fiscalía, esta conducta no puede considerarse un mero olvido o error administrativo, sino una posible responsabilidad penal por homicidio imprudente. Esto se suma a una posible omisión del deber de socorro, al no intervenir ante la gravedad de los hechos conocidos.
La gestión delegada: un problema estructural
Otro de los aspectos destacados por el Fiscal es el modelo de gestión externalizado de las residencias de mayores. Señala que la Generalitat actuó como mera supervisora, cuando la ley exige que, en situaciones excepcionales como la pandemia, asuma un rol de dirección directa, especialmente cuando la empresa privada no puede afrontar la crisis con sus propios medios.
En este sentido, el Ministerio Público recuerda que la asunción directa de competencias es una medida contemplada en el marco legal, pero que en este caso no fue aplicada pese a existir razones obvias para hacerlo.
La posición de la jueza instructora: firme ante la presión política
Una instrucción contestada por el Gobierno autonómico
La jueza encargada del caso recibió presiones para archivar o redirigir el curso de la investigación. Incluso el abogado de la Generalitat afirmó de forma categórica que la administración no tenía ninguna responsabilidad legal por el desenlace trágico en DomusVi Alcoy. Sin embargo, la instructora se ha mantenido firme en su análisis técnico y jurídico.
Ahora, con el respaldo expreso de la Fiscalía, se disiparán dudas sobre una posible parcialidad o motivación política detrás del proceso judicial. Más aún, este apoyo podría dar lugar a nuevas diligencias orientadas a ampliar responsabilidades dentro de la cadena de mando de la Conselleria en el momento de los hechos.
¿Qué implicaciones penales puede haber para la Generalitat?
Un precedente judicial de gran relevancia
El caso DomusVi puede convertirse en un precedente importante en la jurisprudencia española sobre la responsabilidad penal de las administraciones públicas en la gestión de servicios externalizados.
Hasta ahora, la figura jurídica de la persona jurídica pública imputada ha tenido escasa aplicación. De confirmarse la instrucción y abrirse juicio, la Generalitat Valenciana podría enfrentarse a multas cuantiosas, así como a la inhabilitación para gestionar residencias o recibir subvenciones en determinadas áreas.
La cadena de mando bajo escrutinio
Además de la propia institución, el análisis de Fiscalía también apunta a posibles responsabilidades individuales. Esto incluiría:
- Altos cargos que ocuparon responsabilidades en la Conselleria de Igualdad
- Técnicos que firmaron informes o se abstuvieron de actuar
- Coordinadores autonómicos en el ámbito médico-social
El respaldo del Fiscal a la imputación de la administración abre la puerta a futuras diligencias y ampliaciones en la causa que pueden influir directamente en la valoración penal del proceder durante la crisis sanitaria.
Reacciones políticas y sociales ante el respaldo fiscal
Indignación en colectivos de víctimas y familiares
Numerosos colectivos de familiares de víctimas han expresado su satisfacción por el posicionamiento de la Fiscalía. Según han declarado públicamente, la investigación debe continuar “cueste lo que cueste” y sentar responsabilidad política e institucional para evitar que vuelva a repetirse un episodio similar.
Para muchos, esta tragedia es el símbolo de una crisis asistencial y humana que pone en tela de juicio el modelo de residencias gestionadas por grandes compañías privadas y escasa fiscalización pública.
Respuesta de la Generalitat: silencio institucional
Hasta el momento, la actual dirección de la Generalitat Valenciana ha evitado pronunciarse ante el informe fiscal. Procedente de un gobierno de distinto signo político al anterior, mantiene una postura expectante sobre cómo derivarán las responsabilidades y cómo puede afectar esto en términos políticos, jurídicos y presupuestarios.
La oposición política, por su parte, ha vuelto a exigir transparencia, publicación íntegra del expediente y posibles comparecencias parlamentarias para esclarecer el papel desempeñado por la administración durante la pandemia.
Conclusiones: un proceso judicial que marca un antes y un después
El respaldo que la Fiscalía Provincial de Alicante brinda a la jueza instructora supone un antes y un después en el tratamiento legal y social de la crisis vivida en las residencias de mayores durante el COVID-19. No se trata solo de depurar responsabilidades particulares, sino de investigar si existió una dejación estructural e institucional que contribuyó a que se produjera una de las mayores tragedias humanas en centros de mayores de la región.
Este caso podría sentar jurisprudencia para que las administraciones públicas asuman un rol más activo, preventivo y eficaz cuando los sistemas privatizados muestran signos de insuficiencia en situaciones de emergencia.
Más allá de lo acontecido en Alcoy, está en juego el modelo de atención residencial en España y el compromiso del Estado con la protección de los colectivos más vulnerables.
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